martes, 20 de octubre de 2009

PROYECTO DE LEY: ¿SERÁ LEY?




A días del tratamiento del polémico proyecto de la nueva ley de Servicios de Medios Audiovisuales.



En la década del 90’ el discurso dominante sostenía que la privatización de los medios de comunicación iba a garantizar la pluralidad de la información y la misma libertad de expresión por lo que su fuerte propagación culminó con la modificación de la ley de Radiodifusión sancionada durante el gobierno de facto de Rafael Videla.

Estas transformaciones que el gobierno del ex presidente Carlos Menem realizó a través de decretos de necesidad y urgencia, abría el paso a las fusiones empresariales entre las empresas de las telecomunicaciones con los medios de comunicación social, que años más tarde generaría lo que se conoce como los “grandes multimedios”.

La conformación de estas empresas no hubiera sido posible sin el proceso de globalización, de carácter económico, que consiste en que las distintas economías nacionales se integren en una única economía mundial donde el avance de las tecnologías cooperó en su desarrollo.

A pesar de las modificaciones por “necesidad y urgencia”, que beneficiaron a grupos inversores que a través de sus medios gráficos con los años pudieron adueñarse de otros mediante testaferros, la ley que rige actualmente en Argentina tampoco contempla a la televisión por cable o satelital.

La ley de Radiodifusión nº 22.285 aparece “desactualizada” y es insuficiente para afrontar al poder que se generaron los multimedios en estos años; por eso el gobierno de Cristina Fernández presentó un proyecto para una nueva ley, no ya de radiodifusión, sino de Medios Audiovisuales.

La Secretaría de Comunicaciones del gobierno presentó en su web oficial los 21 puntos que se incluyen en la propuesta enviada al Congreso y destacó que “Más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas, y comunitarias de la comunicación trabajaron durante años en pos de la unidad y modificación de la ley”.

El polémico proyecto acierta al buscar cambiar una norma hecha durante la dictadura y democratizar el sistema de medios, pero en los 21 puntos tratados en él intenta además, romper con el poderío (en todos sus sentidos) de las grandes empresas multimediáticas.

No es en vano que desde que se presentó la propuesta ante el congreso, los grupos inversores como Clarín, han salido a “pegarle” a la presidenta Cristina y han denominado el propósito de la nueva ley como “Ley de Medios K” o “Ley de Control de Medios”.

Las modificaciones principales que presenta son garantizar aún más la libertad de expresión y el derecho a la información, la independencia de los medios, que la publicidad sonora y audiovisual sea de origen nacional y reducir la cantidad de licencias otorgadas a su titular, quienes no podrán ser personas con cargos oficiales o funcionarios públicos.

¿Por qué se ganó el proyecto tanta oposición? Porque de ser aprobado los grupos inversores tendrían que reducir las “24” licencias propias a tan sólo 10, sin saber que hacer con las 14 restantes (¡o más!) ya que de ninguna manera desean desprenderse de ellas vendiéndolas.

Mientras la sociedad observa este debate, o al menos eso es lo que se espera, una encuesta publicada en Diario Perfil que realizó la consultora MANAGEMENT & FIT, demuestra que el discurso del oficialismo no tuvo efecto, porque del 67,7 de los encuestados “cree que la futura ley apunta a controlar los medios”.

¿Y los comunicadores, periodistas, publicistas qué opinan? Se espera que esta nueva ley garantice trabajo para todos aquellos que dedicaron años a estudiar una carrera y que desean la posibilidad de trabajar en un medio o iniciar uno propio; una posibilidad que hoy se ve lejana y difícil de alcanzar.

Por ahora sólo queda esperar con ansias al próximo viernes, donde a partir de las once se iniciará la sesión en la que los senadores decidirán ni más ni menos cuál será el rumbo de este proyecto de nueva ley; ¿podrán nuestros representantes modificar la antigua y limitada ley nº 22.285?



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